La ofensiva fiscal de Xi Jinping sobre el patrimonio extranjero de grandes fortunas chinas amenaza con alterar la actividad de bancos, asesores y mercados inmobiliarios en Hong Kong, Singapur, Japón y Estados Unidos. El nuevo gravamen alcanza dividendos e intereses obtenidos a través de fideicomisos fuera de China.
Según informó el Financial Times, las autoridades chinas empezarán a cobrar desde el 22 de octubre una tasa de 20% sobre esos ingresos. La medida incluye activos heredados y situaciones en las que un ciudadano chino deja de ser residente fiscal en el país.
La decisión afecta a personas con alto patrimonio que utilizaron estructuras internacionales para administrar inversiones, empresas y sucesiones familiares. El Gobierno comunicó en julio que revisará ganancias correspondientes al período 2023-2025 y concedió 90 días para regularizar la situación.
La normativa también contempla la aplicación del tributo en distintas etapas de la vida de un fideicomiso: su creación, la apreciación de los activos, la obtención de rentas y la distribución a beneficiarios.
El cambio responde a una doble meta: ampliar la recaudación del Gobierno central y avanzar en el proyecto de "prosperidad común" promovido por el presidente Xi Jinping. La campaña busca que quienes acumularon riqueza durante la expansión económica china asuman una mayor carga fiscal, incluso cuando sus fondos estén depositados fuera del país.
Los analistas de Barclays consideraron que esta puede ser una primera etapa de un control más amplio sobre ganancias de exportadores mantenidas en el exterior, ingresos laborales fuera de China, inversiones internacionales y, a largo plazo, herencias.
El Financial Times también informó que entidades financieras chinas recibieron instrucciones para examinar inversiones extranjeras de clientes adinerados. En algunos casos, la revisión alcanzó operaciones y ganancias de capital desde el año 2000.
La magnitud de las exigencias sorprendió a familias empresarias que preparaban el traspaso de sus compañías a una nueva generación. Muchos fundadores de negocios creados durante las primeras décadas de apertura económica se acercan al retiro y deben definir cómo transmitirán sus activos.
Harry Yu, socio principal de la firma hongkonesa Fung Yu Trust Services, explicó al diario que las familias deben analizar al mismo tiempo las transacciones anteriores, las necesidades actuales de liquidez y los planes sucesorios.
"Es más arqueología que planificación", afirmó Yu ante la publicación al describir el trabajo para reconstruir registros de fideicomisos, cuentas e inversiones. Algunos documentos están incompletos y otros se encuentran repartidos entre varias instituciones.
Un inversor tecnológico chino, que habló bajo condición de anonimato, sostuvo que la precisión del nuevo sistema reveló un conocimiento previo de los activos mantenidos en el exterior. "Tienen el sistema, conocen sus inversiones", dijo al Financial Times.
La aplicación de la política no parece uniforme entre las provincias. El mismo inversor señaló que existen distintos niveles de rigor entre las administraciones tributarias locales, mientras funcionarios nacionales y regionales presionan a determinados empresarios para cumplir antes del vencimiento.
La nueva presión tributaria sacudió a Singapur y Hong Kong, dos de los principales destinos del dinero chino canalizado al exterior. El patrimonio transfronterizo administrado en Hong Kong llegó el año pasado a USD 2,9 billones, según Boston Consulting Group, cifra que colocó a la ciudad por delante de Suiza como principal centro mundial de riqueza extraterritorial.
Singapur, por su parte, atrajo a empresarios chinos que instalaron oficinas familiares, compraron propiedades de lujo y trasladaron parte de sus capitales a una jurisdicción con menor carga fiscal. Muchos de ellos creían que un cambio de residencia o ciudadanía los protegería de las obligaciones tributarias chinas.
Sim Bock Eng, responsable de patrimonio privado del estudio jurídico singapurense Wong Partnership, recordó que sus clientes reaccionaron con incredulidad. "Pensaban que eso los protegería", declaró a la publicación.
La inquietud aumentó tras la venta de más de USD 350 millones en acciones de una empresa cotizada en Hong Kong por parte de Shu Ping, cofundadora de la cadena de restaurantes Haidilao. La compañía no explicó los motivos de la operación, aunque analistas vincularon el movimiento con la necesidad de reunir efectivo.
Kevin Teng, director ejecutivo de la gestora patrimonial Wrise, señaló que muchos clientes prefieren pedir préstamos con acciones o propiedades como garantía antes que desprenderse de activos. A su juicio, los inmuebles en Singapur quedarían entre las últimas posesiones que sus propietarios venderían.
Mike Tan, responsable global de planificación patrimonial y asesoría familiar de Standard Chartered, advirtió que la venta de acciones para afrontar el impuesto puede afectar el valor de las participaciones restantes. Describió el caso de un cliente cuya deuda fiscal del 20% supera el valor actual de las acciones que conserva.
La preocupación también llegó a Japón, donde empresarios chinos compraron propiedades de alta gama en Tokio, Osaka y estaciones de esquí como Niseko. Varios corredores inmobiliarios señalaron que ese flujo de capital contribuyó al aumento de los precios en determinados sectores del mercado.
Algunos de esos residentes chinos trasladaron dinero mediante redes financieras informales y adquirieron pequeños negocios japoneses. Ahora buscan asesoramiento para cumplir con el fisco chino sin abrir interrogantes sobre el origen de sus fondos o la valoración de sus empresas.
Una empresaria china radicada en Tokio resumió el cambio de ánimo entre sus conocidos: las conversaciones dejaron de centrarse en viviendas, colegios y visados para pasar a concentrarse en los impuestos.
Taiwán y Estados Unidos aparecen como posibles refugios para quienes ya tienen activos fuera de China. Ambos países no participan formalmente en el Estándar Común de Reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, un sistema que facilita el intercambio automático de información financiera entre jurisdicciones.
Banqueros consultados por el medio indicaron que la división de gestión patrimonial de Morgan Stanley en Nueva York registró un aumento de consultas, aperturas de cuentas y transferencias desde Hong Kong y Singapur. El banco declinó hacer comentarios.
Los inversores extranjeros no residentes suelen estar exentos del impuesto estadounidense sobre ganancias de capital obtenidas en inversiones locales. Esa condición, junto con la ausencia de intercambio automático bajo el sistema de la OCDE, elevó el interés por trasladar fondos a Estados Unidos.
La obtención de una ciudadanía extranjera podría reducir la exposición fiscal de ciertos patrimonios ya ubicados fuera de China. Aun así, esa alternativa resulta difícil para ejecutivos que mantienen negocios bajo supervisión de reguladores de Beijing.
Un gestor patrimonial chino explicó que los altos directivos de compañías cotizadas en el mercado interno no pueden adoptar una condición extranjera. Los banqueros de ofertas públicas iniciales añadieron que la aprobación fiscal personal funciona, en la práctica, como un requisito para cotizar en el mercado continental.
Minxin Pei, experto en gobernanza china del Claremont McKenna College, sostuvo que las autoridades consideran que tienen derecho a perseguir a sus ciudadanos incluso fuera del país. El especialista vinculó esa visión con la expansión de las restricciones de salida aplicadas por Beijing.
Willy Wo-Lap Lam, investigador de la Fundación Jamestown, interpretó la ofensiva como parte de una política de mayor control sobre los grandes patrimonios, las tecnológicas privadas, el sector inmobiliario y los altos ingresos.
Un ejecutivo de una empresa tecnológica china contó que evaluó cerrar de inmediato su fideicomiso internacional, pero desistió porque esa decisión también activaría un impuesto de 20%. Su conclusión fue directa: "Por ahora, simplemente pagaré".
La tensión para Pekín consiste en aumentar los ingresos fiscales sin deteriorar la confianza de quienes sostienen compañías privadas. Un inversor chino recordó al Financial Times que ese sector concentra cerca de 80% del empleo del país y advirtió que la presión puede llevar a algunos empresarios a considerar que el costo de continuar asumiendo riesgos resulta demasiado alto.
