El Congreso buscará finalizar el tratamiento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o Patent Cooperation Treaty (PCT) que la Argentina firmó en el siglo pasado y que el Senado aprobó en 1998 -no pierde vigencia el trámite-, pero que Diputados recién votó en agosto pasado. Al haber modificado el texto -se hizo reserva del capítulo II-, el tema volvió en segunda revisión a la Cámara alta, donde libertarios tratarán de dictaminarlo la semana próxima, con un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores; y de Industria para el mediodía del miércoles 14.
"La intención es respetar lo que vino de allá. No queremos problemas con lo que se acordó", sintetizó un legislador desde La Libertad Avanza a Infobae. La mención no es menor ya que, durante la última sesión que realizó el Senado y, mientras restaban minutos para definir la ley relacionada con la Carta Orgánica del Banco Central, algunos oficialistas y dialoguistas recibieron llamados y mensajes desde la Casa Rosada para ir por otro camino, situación que generó un fuerte disgusto en el recinto ante tamaña improvisación. Ningún telefonazo tuvo efecto.
El convenio en cuestión permite a inventores y empresas presentar una única solicitud internacional de patente, lo que simplifica la búsqueda de resguardo legal en múltiples jurisdicciones. La solicitud bajo el PCT surte el mismo efecto jurídico que si se hubiera impulsado una solicitud en cada uno de los 158 Estados miembros adheridos.
La adhesión al PCT es uno de los requisitos del acuerdo comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos. Pero también figura entre los compromisos asumidos en el marco de los acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea y entre el Mercosur y EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza).
Previo a su dictamen en Diputados, en mayo último, el secretario de Desregulación, el otrora legislador radical Alejandro Cacace, explicó: "Lo que se hace con el PCT es que tengamos una solicitud única, una mesa de entrada común con los 158 estados partes. Un inventor argentino en lugar de tener que ir peregrinando por 158 oficinas diferentes ahora tendrá la posibilidad de hacer una sola solicitud para todo el mundo", detalló el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace.
El Gobierno intentó acelerar el convenio original en Diputados, aunque se cruzó con la postura de los laboratorios y, antes de firmar un despacho, se dejó "en reserva" el capítulo II del tratado, el cual implica que una patente registrada tenga vigencia por 20 años en todos los países miembros.
Desde el sector advirtieron sobre la proliferación de "Evergreening" (Reverdecimiento), una práctica de los laboratorios multinacionales que podrían utilizar el examen preliminar internacional del Capítulo II para empujar cambios menores o modificaciones secundarias en medicamentos ya existentes (sin aportar mejoras terapéuticas reales) para extender de forma artificial un eventual monopolio y bloquear la competencia.
Por otro lado, señalaron que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) perdería soberanía, debido a que los informes y dictámenes preliminares emitidos por oficinas de patentes extranjeras o agencias internacionales debilitarían y condicionarían su autoridad. Al aterrizar en el recinto, la iniciativa obtuvo 147 votos a favor y 93 en contra, con un debate que estuvo marcado por las críticas de la oposición, que alertó sobre posibles riesgos para la soberanía nacional en materia sanitaria y científica.
Dichas posturas fueron observadas por el libertario Nicolás Mayoraz, al considerar que representaban una visión "que atrasa al país". Además, sostuvo que, con el régimen anterior, los científicos argentinos deben afrontar mayores costos y ceder inventiva para registrar una patente, lo que consideró el verdadero riesgo para la soberanía. Ahora resta que el Senado sancione el acuerdo y cierre una etapa que espera hace casi 30 años.
